sin incluir a todos los responsables de los sobornos, las sobrevaluaciones y, especialmente, el financiamiento ilegal de campañas electorales por parte de la multinacional en el país.
Durante su primera actividad de conteo regresivo hacia el inicio del juicio de fondo del caso, el colectivo aseguró que a la Procuraduría General de la República Dominicana le falta realizar una investigación técnica rigurosa sobre las posibilidades de sobrevaluación en los 22 contratos concedidos a Odebrecht entre el 2002 y 2016; sobre el financiamiento ilegal de las campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), confesado por el exministro de Industria y Comercio Juan Temístocles Montás, y sobre los dirigentes políticos, legisladores y exlegisladores que estuvieron al frente de la negociación y promoción de los contratos desde el Congreso y otros escenarios.
“En el caso falta gente, mucha gente. Hasta ahora el procurador Jean Alain Rodríguez se ha limitado a distraer a la ciudadanía y evadir sus responsabilidades para favorecer los intereses de su partido y del Gobierno. Por eso los ciudadanos y ciudadanas a los que nos duele nuestro país, nuestros impuestos y el futuro de nuestros hijos no podemos estar tranquilos hasta que todos los responsables sean investigados y sometidos a la Justicia”, declaró el colectivo mediante documento oficial.
De manera específica, Marcha Verde consideró que el Ministerio Público debe investigar al actual vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, por la gestión y promoción del contrato de Punta Catalina; al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, por la gestión de varios contratos multimillonarios; a la expresidenta y al actual presidente del Senado, Cristina Lizardo y Reinaldo Pared Pérez, respectivamente, por la gestión legislativa de varios contratos en la Cámara Alta; así como al expresidente y la expresidenta de la Cámara de Diputados, Abel Martínez y Lucía Medina, para que expliquen el movimiento y la aprobación de los proyectos de la constructora en la Cámara Baja durante sus respectivas gestiones.
De igual forma el movimiento plantea una investigación responsable que determine si hubo algún tipo de relación irregular entre los intereses de la constructora y el Ministerio de Hacienda durante las gestiones de Simón Lizardo y Vicente Bengoa.
“Todo legislador, funcionario o exfuncionario público tiene el deber de rendir cuentas a la sociedad por su despeño en el manejo de los recursos comunes del pueblo dominicano. En esta ocasión estamos hablando de recursos multimillonarios que deben ser fiscalizados de manera rigurosa y sin ningún tipo de parcialidad o exclusión”, concluye.
Fuente: El Nuevo Diario