RD$5,628,000,000 millones costaria montaje de primarias abiertas en caso de ser aprobada

aseguró ayer que asumiría el reto de organizar primarias abiertas y simultáneas en un mismo día, si el Congreso Nacional aprueba la Ley de Partidos Políticos.

Al comparecer como invitado del almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, Castaños Guzmán advirtió que ese organismo tendría que organizar las primarias el 17 de noviembre del 2019, a escasos tres meses de las elecciones municipales de febrero del 2020.

“Con el estreno del voto preferencial para regidores y vocales y presidenciales y congresuales en mayo del mismo año, y eventualmente, la posibilidad de una segunda vuelta en el nivel presidencial, que tendría lugar el último domingo de junio del 2020, lo cual equivaldría a celebrar 4 elecciones entre noviembre del 2019 a junio de 2020”, puntualizó.

Castaños Guzmán dijo mantener su posición de favorecer que cada partido escoja el método que entienda conveniente para elegir a sus candidatos, pero asumirá “las disposiciones del Congreso”.

“Sea lo que finalmente el Congreso Nacional decida la Junta hará su trabajo y aunque el reto parezca enorme si se presentare lo asumiría”, destacó no sin antes señalar que a lo imposible nadie está obligado. Recalcó que es necesaria la aprobación de las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral, porque ambos proyectos han estado fuera de la agenda congresual por más de una década.

Voceros reaccionan

El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, consideró: “El distinguido presidente exagera el presupuesto. Más aun cuando él sabe que la propuesta de ley contempla comprometer parte de los recursos que la ley provee a los partidos como requisito para que la junta organice las primarias conjuntamente con los partidos”.

Sánchez indicó que si el tema es de presupuesto puede entenderse que todo lo demás se da por digerible, por lo que sería solo un requerimiento de presupuestar las primarias sin detrimento del gato que generan los servicios públicos.

Pero el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, consideró que ese gasto es una de las razones que impiden las primarias abiertas.

Recursos a partidos

Desde el año 1998, cuando se inició el financiamiento público a las agrupaciones políticas, hasta la fecha, el Estado domini- cano ha entregado a los partidos reconocidos RD$ 13,480,406,470.00.

Al extenderse el cálculo de esa contribución a las elecciones generales del año 2020, ese monto ascenderá a RD$ 17,905,406,470.00, reveló Castaños Guzmán.

“El financiamiento de las campañas juega hoy un papel preponderante en la competencia política; de hecho, muchas veces olvidamos que los partidos políticos son estructuras de competencia electoral”, apuntó Castaños.

Indicó que se debe estar atentos a la nueva realidad de las ofertas de dinero ilegal, producto del narcotráfico internacional, lavado de activos, trata ilícita de personas y demás actividades delictuosas, para que no se conviertan en tentaciones atractivas que pudieran contaminar la voluntad de algunos candidatos y futuros funcionarios.

Sostiene que muchos a cambio de esas dispensas obsequiosas e inmorales, comprometen su futura voluntad pública, que eventualmente los convierte en prevaricadores.

Asimismo, considera necesario que las encuestas, sean reglamentadas para evitar manipulaciones, a fin de que los votantes tengan la posibilidad de escuchar todas las plataformas de la oferta electoral.

El padrón crece

Destacó cómo la lista de electores aumentó en más de 20 años, unos 3,710,846 dominicanos con capacidad de elegir.

Detalló que en las elecciones congresuales y municipales de 1998, el padrón de electores alcanzó los 4,129,554 ciudadanos inscritos y para las próximas elecciones del año 2020, están proyectadas con 7,834,000 sufragantes. En 1998 la cantidad de cargos electivos era de 1,921 puestos de elección popular, y para el 2020 habrá al menos 4,106 cargos.

Hay que regular la campaña

La potestad reglamentaria que confiere la Constitución a la JCE, la compromete a reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como al acceso equitativo a los medios de comunicación. Según Castaños: “La razonabilidad exige hoy ponerle un límite o barrera a los gastos de campaña, ya que principios económicos elementales, como la ley de rendimientos decrecientes, por ejemplo, vienen a servir de advertencia para que se enjuicie la necesidad real de no emplear irracionalmente tanto dinero sin que esté presupuestado, en procura del favor de una voluntad política”.

Fuente: Diario Libre