Alejandro Toledo es condenado a más de 20 años de prisión por sobornos de Odebrecht

Alejandro Toledo es condenado a más de 20 años de prisión por sobornos de Odebrecht

La Justicia peruana condenó este lunes al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) a 20 años y seis meses de prisión, tras ser declarado culpable de colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht. Toledo se convierte así en el primer exmandatario de Perú en recibir una sentencia por este escándalo de corrupción.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, liderado por la jueza Zaida Pérez, atendió la solicitud del Ministerio Público, condenando a Toledo a nueve años de prisión por colusión y a once años y seis meses por lavado de activos.

«El tribunal comprobó una serie de irregularidades, injerencias indebidas y la aceleración del proceso de licitación de la obra, actos ilícitos relacionados con Toledo Manrique», informó el Poder Judicial en la red social X.

La sentencia señala que Toledo favoreció a Odebrecht en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, que conecta Perú con Brasil, entre los años 2004 y 2005. Según la Justicia, el expresidente se coludió con Odebrecht para que, a cambio de una coima de 35 millones de dólares, la empresa brasileña obtuviera la licitación de la obra, causando un grave perjuicio al Estado peruano.

«Estas irregularidades evidencian una clara colusión entre un funcionario de alto nivel y privados, lo que representa una traición al Estado», detalla la sentencia.

El fallo también revela que Toledo utilizó a su amigo, el empresario israelí Josef Maiman (fallecido), como intermediario para recibir los sobornos a través de las empresas de Maiman.

Con esta sentencia, Toledo se convierte en el primer expresidente de Perú en ser condenado por el caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina.

El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez calificó la sentencia como «histórica» y «ejemplar», destacando que esta condena demuestra que la corrupción no queda impune en Perú, gracias al trabajo conjunto de la Justicia y el Ministerio Público.