Organizaciones políticas y sociales dicen procurador protege lideres del PLD
La PGR aseguró que estructuró un voluminoso expediente que relata, en 518 páginas de miles que contiene la acusación, los hechos ilícitos que habrían cometido las siete personas encartadas, aportando 1,711 elementos probatorios obtenidos de manera legal.
Destacó que luego de una investigación de más de un año se determinaron indicios reales contra Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
“El expediente está acompañado de 1,368 pruebas documentales, 234 materiales, 54 testimoniales y cuatro ilustrativas, así como 42 actos procesales y nueve interrogatorios”, destaca el comunicado.
Asimismo, informó que en el transcurso del proceso fueron investigadas más de 400 personas y compañías, realizándose una minuciosa revisión de más 800 mil transacciones y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos, lo que ha permitido recolectar los elementos de prueba que sustentan la acusación.
Frente a esto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) emitió un documento en el cual señaló que al excluir a los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana del proceso de investigación, sacar a los principales responsables de negociar los contratos y perseguir selectivamente a dirigentes opositores, el gobierno del presidente Danilo Medina busca evitar que trascienda la verdad del caso para mantener un régimen de impunidad que beneficie a la alta dirigencia del PLD.
Indicaron que el expediente de la PGR refleja la exclusión de varios miembros prominentes del Comité Político del PLD, a pesar de que uno ellos admitió públicamente haber recibido altas sumas de dinero provenientes de Odebrecht y pone de manifiesto la selectividad en el sometimiento de dirigentes del PRM, con el propósito de dañar la imagen de su principal opositor.
Además, cuestionaron que la investigación deje fuera el caso relativo a la central termoeléctrica Punta Catalina, a pesar de que en la instancia de solicitud de medidas de coerción presentada por la PGR, se hizo constar que “fue adjudicada u otorgada mediante el pago de sobornos”.
Agregaron que el PRM se acoge al principio constitucional de presunción de inocencia que beneficia a los imputados Andrés Bautista, Jesús Vásquez Martínez y Roberto Rodríguez, e hicieron pública su confianza en la trayectoria de honestidad de los perremeístas.
Otro de los partidos que atacó el expediente fue el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), cuyo presidente, Luis Miguel De Camps, acusó a la Procuraduría de excluir de forma deliberada algunos presuntos responsables del expediente sobre sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
De Camps, quien además es precandidato presidencial, cuestionó que legisladores, funcionarios del Gobierno y dirigentes políticos, “cuya culpabilidad es señalada por el dedo acusador del pueblo, no figuren en las investigaciones; es un expediente que está incompleto”.
A estos señalamientos se sumó la Alianza por la Democracia (APD), la cual condenó “el manejo que le ha dado la PGR a la trama Odebrecht. El titular de esa organización, Max Puig, explicó que “el Procurador hizo todo lo contrario de lo que estaba obligado a hacer: en vez de investigar para descubrir, confundió para encubrir”, aseveró.
Marcha Verde mantiene campamento frente a PGR
Los integrantes de Marcha Verde, quienes se mantienen acampando frente a la PGR, hicieron un llamado a la población a sumarse a las voces que exigen justicia. La activista Patricia Gómez resaltó que el próximo 17 de junio se realizará un concierto musical contra la impunidad, en el campamento de la resistencia, a partir de las 5:00 p.m., por lo que extendió la invitación a participar. “Nos mantendremos aquí y no nos moveremos hasta que haya justicia y así como Duarte no se cansó, la Marcha Verde no se cansará”, dijo.
Fuente: El Caribe